Proponen seguros catastróficos obligatorios

La propuesta que presentó el grupo parlamentario del PRI, que encabeza el diputado César Camacho, para modificar diversas leyes, entre ellas la Ley General de Protección Civil y la del contrato del seguro catastrófico, tiene muchísimo sentido y más después de la evidencia que dejaron los recientes sismos, donde se contabilizaron 184 mil viviendas dañadas, 14 mil comercios, 16 mil escuelas con distintos daños parciales o totales, más afectaciones al patrimonio cultural con mil 821 edificios e iglesias dañados, 175 unidades médicas y hospitales, así como 140 carreteras o caminos afectados.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, hasta la segunda semana de enero, de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, se reportaron 46 mil 311 casos por los que las instituciones han pagado 27 mil 278 millones pesos y, aunque prácticamente se está terminando el proceso de revisión, la cifra todavía podría aumentar, pero se acerca a la que estimó el presidente Enrique Peña en el mes de noviembre.

De ese total, 36 mil 966 casos corresponden al impacto catastrófico del sismo del 19-S que ha implicado el pago de reclamaciones por 18 mil 579 pesos, en tanto que el del 7 de septiembre, suma 9 mil 345 por 8,699 millones de pesos.

Si se observa, solamente 6.5 por ciento de las viviendas están aseguradas por daños catastróficos, porcentaje que aumenta cuando se considera a las viviendas aseguradas porque cuentan con alguna clase de hipoteca (el grueso está en Infonavit), porque entonces el parque de vivienda asegurado en el país se eleva a 27%, aunque la protección en este caso es para el tenedor de la hipoteca no para el habitante de la vivienda.

La realidad, ajena a populismos, muestra la elevada vulnerabilidad patrimonial que tenemos los mexicanos ante siniestros como temblores, ciclones, inundaciones, el estallido de un volcán (riesgo latente en el Valle de México).

Por eso, la propuesta legislativa que le comento me parece de lo más congruente y visionaria, aunque de antemano las izquierdas y las derechas, montadas en el espejismo electoral, seguramente dirán que es una iniciativa que le hará el caldo gordo a las aseguradoras, en lugar de pensar que es la única alternativa disponible en el mercado para proteger efectivamente el patrimonio familiar de los mexicanos.

Ahora, el reto más importante, es que se aprueben las sanciones, porque muchos de los cargos de elección popular corresponden a estados y municipios y, en este caso, la propuesta legislativa establece que se considere como delito efectivo, la autorización de construcciones formales o de autoconstrucción en zonas de riesgo, además de no respetar el atlas de riesgo del país, lo cual implicaría pena corporal para quien otorga la autorización y para quien construye.

FUENTE: BOLETIN LATINOINSURANCE N° 4083
Photo By DFID – UK Department for International Development via StockPholio.net

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