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Constitución un fondo de asistencia a productores a través de las retenciones al agro

Según el Ing. Agr. José Augusto Weber, Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe, los recursos recaudados por Derechos de Exportación deberían convertirse por Ley en un fondo de asistencia a productores afectados por la sequía.

En una nota anterior planteamos que el año 2002, dada la situación de crisis que vivía nuestro país, se acordó entre las entidades de la producción y el gobierno de transición, incorporar las «retenciones» al agro para paliar la difícil situación socioeconómica que se vivía. Esta decisión, surgida de un consenso entre el gobierno y las entidades del sector, debía ser transitoria, pero se transformó en una gabela permanente, que afecta la rentabilidad y desalienta al sector productivo.

La peor consecuencia es que esta decisión generó un conflicto entre los sucesivos gobiernos y el campo, que parece ser un problema sin solución. Para el sector primario se transformó en una bandera de lucha sectorial, y para los gobiernos en un callejón sin salida. Todo esto, con el agravante, que gran parte del pueblo ha transformado este problema en un conflicto «ideológico», que en realidad no es tal, agravando cada vez más la «grieta política» de la sociedad en la que convivimos.

Es de conocimiento del sector que la «Imprevisibilidad de las variaciones del Clima» y de los «Mercados Agropecuarios» se constituyen en serias limitaciones para el desarrollo del agro y sus empresas productivas. Quisiera en esta oportunidad, sugerir a nuestros dirigentes agropecuarios y a los legisladores nacionales, una idea que podría transformar el problema en una oportunidad.

En Argentina tenemos una rica experiencia en la administración de recursos públicos a través de una gestión de administración «público/privada», especialmente entre el Estado Nacional y las entidades del agro, que en algunos casos resultó positiva y en otros no tanto.

Entre uno de los principales reclamos del sector, se manifiestan los referidos las deficiencias del actual sistema de tratamiento de las Emergencias y Catástrofes Agropecuarias, por lo inadecuada de la legislación respectiva. Dicha legislación es defectuosa, ya que los paliativos llegan tarde, mal o nunca. El procedimiento que manda la Ley requiere primero la intervención de los Gobiernos Provinciales, que hacen una evaluación y luego emiten un Decreto Provincial, previa cita de la Comisión de Emergencia Agropecuaria Provincial, estableciendo las características, afectación y distribución territorial del fenómeno, otorgando algunos beneficios y/o prórrogas impositivas, a la vez que solicitando la intervención del Estado Nacional.

Luego, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca debe citar a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, que de aprobar lo solicitado por la o las Provincias, emite una Resolución conjunta de ese Ministerio y el de Economía de la Nación, para otorgar prórrogas impositivas y/o subsidiar total o parcialmente los intereses de los créditos que los Bancos otorgan a los productores afectados, que se hubieran inscripto para recibir el beneficio y fuesen oportunamente inspeccionados por la autoridad provincial competente.

Por ello, como lo he hecho para otro problema del sector y en carácter de «idea primaria», propongo a nuestros Legisladores y a los Dirigentes Agropecuarios que se debata una legislación nacional por la cual con parte de los fondos generados por retenciones al Agro se constituya un «Fondo Fiduciario para las Emergencia y/o Catástrofes Agropecuarias», que debería administrarse por un «Ente público/privado», con representación del Estado Nacional y las Entidades Agropecuarias, y si se organiza adecuadamente, establecer con el aporte del mismo un «Sistema Obligatorio de Seguro Agrícola».

El destino de este fondo debería ser el de financiar o cofinanciar, el financiamiento de los créditos adecuados para superar las emergencias y/o catástrofes agropecuarias, en tiempo y forma, tal que resulten útiles y oportunos para hacer más eficiente y eficaz la atención de las consecuencias de las emergencias y catástrofes agropecuarias de las empresas del sector. También podría cofinanciar el sistema nacional de seguro agrícola obligatorio que se proponga.

FUENTE: campolitoral.com.ar